28 de marzo de 2024

Pidieron 16 años de cárcel para David Barros

19 de diciembre de 2009
19 de diciembre de 2009

 

Medida de aseguramiento domiciliario para el ex alcalde David Barros Vélez y el ex secretario de Infraestructura, Luis Hernán Giraldo Zuluaga fue la determinación que tomó el juez tercero mixto municipal, Carlos Alberto Arango Restrepo, ayer en audiencia pública que se extendió hasta casi las 10:00 p.m.

La fiscalía además de la detención preventiva en establecimiento carcelario, —la que no fue acogida—, en contra de los imputados solicitó una pena de 16 años. El juez Arango Restrepo indicó que la investigación por la cual se realizó la audiencia se desprende del sistema de acusación, “en consecuencia si bien se presentó la imputación de un solo delito, nació de otra investigación donde se están haciendo otras imputaciones. Se tiene en cuenta la cuantía del ilícito, el carácter de alcalde y secretario de Infraestructura que les da una particular autoridad y oportunidad para ajustar los hechos y que efectivamente al cometer esas conductas defraudaron la confianza pública depositada por la comunidad en el manejo de recursos públicos. En consecuencia el despacho consideró que por este factor sí era procedente la medida de aseguramiento de la detención preventiva solicitada por la fiscalía”.

Sin embargo, “el despacho no puede pasar por alto algunas circunstancias que gravitan a favor de los imputados, como que en el momento no hay antecedentes, así como el presentarse voluntariamente, incluso desde el día antes al día que se practicó la diligencia preliminar de carácter reservado manifestando su intención de someterse y colaborar con la justicia, así como de estar pendientes. El hecho de que ya no están vinculados con la administración pública y que por lo tanto ya no hay la posibilidad de un daño inminente e inmediato con decisión pública por razón de otros conflictos que pudieran desplegar, consideró entonces el despacho procedente la petición sustitutiva de la detención preventiva domiciliaria”.
Para hacer efectiva dicha privación de la libertad en residencia, los imputados suscribieron un acta donde se comprometieron a cumplir con lo mandado para su situación, así como a constituir una caución prendaria cada uno por $1 millón.

Ante las circunstancias Barros Vélez declaró ante los medios que toma la decisión con respeto. “Nosotros siempre hemos estado prestos a acudir a las autoridades que lo soliciten, esto ha sido una plena confirmación de ello, cuando quiso la fiscalía hacer imputaciones tratando de convertirme en persona peligrosa por haber ocupado la gobernación, la alcaldía de Armenia en dos oportunidades y por haber sido notario fue totalmente desvirtuado”.

Agregó que cuando quiso la fiscalía argumentar “que era un peligro que David Barros y Luis Hernán Giraldo estuvieran por fuera de centros penitenciarios porque podíamos interferir la información que tenía la fiscalía pudimos demostrar que cuando se rumoró una orden de captura estuvimos aquí, luego quisieron decir que éramos los que filtrábamos la información, a quién le va a interesar filtrar una información donde se encuentra implicado con los entes judiciales”.
Dijo: “Si los datos se filtran desde la fiscalía como ahora me la van asignar. Asimismo hay que preguntarse por qué esta audiencia de imputación la llevaron cuando la vacancia judicial se iniciaba el día de hoy —ayer— y hubiéramos que tenido que apelar la decisión en enero. Hay muchas curiosidades y reflexiones. Como lo dijo la defensa es absolutamente clave la cacería de brujas, si hay algún ser investigado en el Quindío más que David Barros Vélez que levante la mano, y no se ha podido en ninguna de las instancias probar que hemos actuado en forma delictiva y por eso se les desmoronaron a la fiscalía los argumentos que quiso plantear”.