19 de enero de 2021
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Las relaciones entre Colombia y Venezuela y el “conflicto interno colombiano”

29 de noviembre de 2009
29 de noviembre de 2009

problemas fronterizos

Un poco de historia(s) patria(s)                                               

En 1902 el Encargado de Negocios del Imperio Alemán en Caracas, Sigisberto von Pilgrim- Baltazzi encabezaba su informe al Conde von Bülow, Canciller Imperial, del modo siguiente: “Las relaciones entre Venezuela y Colombia, que se caracterizan por una gran tensión bajo el gobierno del Presidente Castro, (Cipriano Castro M.M.),están determinadas por circunstancias específicas, en las cuales pueden influir los gobernantes de turno en ambas Repúblicas, pero el fundamento principal de estas relaciones tiene raíces mucho más profundas y no depende de los gobernantes”. Hoy puede resultar útil atender la sugerencia del aristocrático diplomático de examinar “las circunstancias específicas y las raíces mucho más profundas” de la crisis.

Unos meses antes de que von Pilgrim pusiera en negro sobre blanco las impresiones citadas, el plenipotenciario chileno para Venezuela y Colombia ofrecía los buenos oficios de su país para una mediación entre los dos países. El presidente de Venezuela en estilo encendido pidió la mediación del Presidente de la Segunda Conferencia Interamericana que se encontraba reunida en México. En Colombia el anciano presidente Marroquín y su canciller Abadía Méndez emitieron un decreto declarando “rotas” las relaciones entre los dos países[1]. El gobierno conservador sindicaba a Castro de apoyo a los liberales, en particular al general Uribe Uribe, y Castro acusaba al gobierno de Marroquín de apoyar a los conservadores venezolanos. Por aquellos meses deambuló por los abrazadores desiertos de la Guajira colombiana un ejército, o los restos de tal, acaudillado por el general venezolano Rangel Garbiras, que preparaba una invasión que derrocaría a Cipriano Castro. Hubo por el mismo tiempo planes de los liberales venezolanos de participación en la guerra civil colombiana que fracasaron.

A finales de los años veinte del siglo pasado quisieron coordinarse planes de levantamiento militar en Colombia organizados por los espadones supérstites de las guerras civiles con apoyo de algunos dirigentes del Partido Socialista Revolucionario (PSR) con los proyectos de invasión a Venezuela dirigidos por Arévalo Cedeño, general venezolano y opositor a la dictadura de Juan Vicente Gómez.

Ya en los años treinta, un núcleo de comunistas y socialistas se organiza en  Barranquilla para planear el retorno a Venezuela. En aquella ciudad se diseñó por parte de Rómulo Betancourt el primer programa del partido que tomaría el nombre de Acción Democrática y que se llamó el Plan Barranquilla.

Hoy hay un hecho diferente

Los anteriores fragmentos de narrativa podrían jugar como registros de distensión en la actual situación al traer a cuento una perspectiva que relativiza el peso específico de los protagonistas de la hora presente. Pero cabe al tiempo advertir que la apelación a la historia no debe usarse como recurso para redundar sobre el aforismo: “no hay nada nuevo bajo el sol”. En la actual situación interviene una variable externa a los dos países inmediatamente concernidos, representada por el convenio entre Estados Unidos y Colombia que autoriza el uso de las bases militares colombianas por parte de las Fuerzas Militares norteamericanas.

A despecho de las declaraciones del presidente Uribe y de su canciller Jaime Bermúdez que desestiman cualquier hipótesis de intervención desde Colombia sobre el territorio de otros países, se pueden leer las declaraciones de altos mandos militares estadounidenses que señalan el alcance estratégico del uso de las bases colombianas y que va más allá de la persecución al narcotráfico. Además, si el presidente Lula y la presidenta Bachelet siguen presentando sus preocupaciones por el convenio militar Estados Unidos – Colombia es porque miran el asunto a la luz de sus implicaciones para la seguridad regional.

Relaciones exteriores y conflicto interno

Las diferencias políticas entre Colombia y Venezuela han sido fuente de desencuentros. Ciertos capítulos de cooperación que se perfilaron como promesa de entendimiento entre los dos países se convirtieron en episodios de confrontación. Fue ese el caso de la mediación ofrecida por Chávez y aceptada y autorizada por el Presidente Uribe en la búsqueda del intercambio humanitario que permitiera la liberación de los secuestrados en poder de las FARC.

Pero este no fue el primer enfrentamiento entre los gobiernos en relación con la insurgencia colombiana. En el pasado, antes de que Chávez llegara al poder, se produjeron tensiones agudas relacionadas con acciones de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. En noviembre de 1993 y en el mismo mes del año siguiente se produjeron asaltos de la guerrilla que dejaron víctimas entre los militares venezolanos. El caso más serio de enfrentamiento entre los gobiernos se produjo cuando un grupo de la Coordinadora Guerrillera asaltó un puesto fluvial que dejó un saldo de ocho infantes de marina muertos en Cararabo, Estado de Apure, el 26 de febrero de 1995.

Días después el Presidente Rafael Caldera recibió una cerrada ovación en el Congreso cuando señaló que Venezuela invocaría el derecho a la legítima defensa para perseguir a los guerrilleros colombianos sin que la línea de la frontera representara obstáculo para ello.  El entonces canciller colombiano Rodrigo Pardo hizo pública una nota de protesta. En aquella ocasión se desató en Venezuela una fuerte ola de xenofobia contra Colombia. No pocos vehículos en Caracas ostentaban la siguiente leyenda: “Colombianos asesinos, colombianos genocidas”.  El Padre Pablo Ojer, uno de esos inmigrantes que hubiera sido intransigente nacionalista colombiano si el barco que lo dejó en la Guaira lo hubiera dejado en Santa Marta o Barranquilla (la ocurrencia es de Domingo Alberto Rangel) miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, declaraba por televisión que la mitad de la Guajira es por títulos históricos de Venezuela y que los ricos yacimientos carboníferos del Cerrejón deberían pertenecer a ese país[2]. Pasaron los días y la tensión  fue descendiendo paulatinamente.

El conflicto interno de Colombia y la seguridad de los países vecinos

De los conflictos pasados y de la exasperación presente se desprenden elementos diversos para la discusión. Uno muy importante es que en Colombia se entienda que su conflicto interno ha sido considerado en Venezuela como un asunto de interés para su propia seguridad. Esta afirmación hasta cierto punto es válida para Ecuador, Panamá, Brasil y Perú. Cuando en el año 2000 se adoptó el Plan Colombia por parte del Presidente Pastrana, los gobiernos de esos países hicieron públicas – y de forma  ostensible- sus aprensiones contra esa estrategia militar que calificaron de factor peligroso para la seguridad regional.

Para Venezuela el tema es aún más relevante por la extensión  (2.219 kilómetros) y por la complejidad geográfica y demográfica de la frontera. En el año 2000, cuando ya empezaban a convertirse en frecuentes los reclamos del gobierno colombiano con respecto a la política de Chávez frente a la guerrilla colombiana, Teodoro Petkoff, figura importante de la política contemporánea en Venezuela y destacado opositor de Chávez declaraba: “Por una parte, contribuir a que haya un acuerdo de paz en Colombia me parece una necesidad del Estado venezolano. En eso Chávez no ha hecho otra cosa que continuar una línea de gobiernos anteriores. Todos los gobiernos venezolanos anteriores desde el momento en que la guerra en Colombia se transformó en una cuestión de gran envergadura, han asumido posturas positivas frente a tentativas de acuerdos, de búsqueda de la paz (subrayado de  M.M.)”[3].

Bien se ve que los hechos creados por la insurgencia colombiana ocasionaron situaciones delicadas entre los dos países en tiempos y bajo administraciones anteriores a la era chavista, y también que los gobiernos en Venezuela buscaron lo que Petkoff  llamó un modus vivendi con la guerrilla y que a su juicio ofreció resultados favorables: “Por lo menos en el gobierno de Caldera las FARC suspendieron sus operaciones en la frontera a raíz de esas conversaciones”.

Es cierto que entonces los venezolanos se movieron con cautela. Un mínimo de realismo y de consideraciones de la trayectoria de Venezuela en el tema, por parte del Presidente Uribe, le hubiera indicado que con Chávez no podía operar de la misma manera que obró con los países europeos, que no podía hoy acudir a la mediación y desecharla mañana de manera sorpresiva. El 29 de junio de 2007, cuando los países mediadores -Francia, España y Suiza- propusieron la participación de la Comisión Internacional de Encuesta, el gobierno colombiano abruptamente puso fin a su mediación. Aquellos gobiernos ignoraron el desplante. Pero no era realista esperar la misma conducta de Venezuela. Esto no tiene que ver únicamente con las características de la personalidad del Presidente Chávez sino que se relaciona de manera importante con la relación histórico -objetiva de Venezuela con el conflicto interno colombiano.

Los vecinos como mediadores y facilitadores

Me parece urgente que se produzca una discusión inducida por núcleos formadores de opinión o que pretendan jugar ese rol con respecto al conflicto entre Colombia y Venezuela donde se allegue mucha claridad sobre la condición de los países que se ofrezcan a cumplir el rol de mediadores o a los cuales se les pida hacerlo.

Los países que tienen fronteras con Colombia están involucrados en el conflicto. El hecho de que Colombia y Venezuela estén en posiciones opuestas en el espectro ideológico y en las antípodas en materia de lealtades geopolíticas, amén de la extensión de sus fronteras, hace que la tensión a propósito de la guerra interna colombiana adquiera unas características agudas.

No quiere decir esto que los otros países queden por fuera de la honda de la situación político-militar colombiana. Al respecto cabría recordar las declaraciones de los presidentes al iniciarse la Cumbre de países suramericanos el 31 de agosto de 2000, acerca del Plan Colombia que por entonces acababa de entrar en vigencia. Sólo traigo a cuento las palabras de Luis Felipe Lampreia, el canciller brasileño del gobierno  Cardoso: “El conflicto colombiano es la más seria amenaza a la seguridad nacional Brasileña”. El general Alberto Cardozo habló del desplazamiento de unidades militares brasileñas hacia las regiones fronterizas con Colombia.

Me pareció puesta en razón una parte de las declaraciones de Marco Aurelio García, el superconsejero de Lula para asuntos internacionales, a El País de Madrid el 12 de noviembre pasado: “Sería interesante que Colombia y Venezuela acordaran un sistema de vigilancia conjunto de su frontera común”. Encontré, en cambio, ambigua la glosa a  esas declaraciones en las que se habló de aportar por parte del Brasil “…medios técnicos como aviones de vigilancia y quién sabe si sus sofisticados satélites”[4]. ¡A la luz de qué tipo de consideraciones sería aceptable que las fuerzas armadas brasileñas pudieran desenvolverse como Pedro por su casa en territorios de Colombia y Venezuela!  Brasil, Perú, Ecuador, Panamá pueden jugar un papel significativo en la búsqueda de acercamientos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, pero no en el papel oficial  de mediadores sino en el del rol necesario de los buenos oficios.

Las instancias multilaterales

El gobierno colombiano ha seguido el camino de acudir con sus demandas y denuncias a la ONU, la OEA y la OCDE. Creo que tal iniciativa cumple una función propagandística de denuncia de la posición de Venezuela en el conflicto pero no responde a la genuina búsqueda de una salida en la presente etapa.

Entre los organismos internacionales, la OEA no atraviesa por su mejor momento. Dio el organismo trazas de haber entrado en una nueva etapa cuando en su seno se trató  el caso de la situación entre Colombia y Ecuador a raíz del bombardeo del campamento de Reyes en el vecino país, y las dio también con respecto al tratamiento dado al ingreso o regreso de Cuba a su seno. Pero en la prueba -que ha sido tal por muchas consideraciones- sobre la situación de Honduras después del golpe de Estado,  la OEA ha quedado en una situación de inmovilidad y atonía y ha recuperado sus estándares de desprestigio frente  a la opinión latinoamericana.

Conviene considerar el escenario que representan UNASUR y su Consejo de Seguridad suramericano. Es positiva la circunstancia de que Colombia haya decidido mantenerse como miembro de UNASUR. Es éste un escenario institucional adecuado para la exploración de acuerdos entre Colombia y Venezuela que contarían con el aval de los gobiernos miembros de UNASUR. Ésta a su vez es una plataforma adecuada desde la cual resulta pertinente plantear conversaciones con Estados Unidos a propósito de la seguridad regional y hemisférica.

Las relaciones con la guerrilla

En lo tocante a la acción de la presencia y acción de la insurgencia colombiana en las zonas de frontera es preciso admitir que hoy se plantea la necesidad urgente para Colombia y Venezuela de darle curso a conversaciones específicas. Para que tales conversaciones se inscriban en un horizonte realista de distensión:

– El gobierno colombiano debería renunciar a que el venezolano acepte incondicionalmente la visión y la metodología de la Seguridad Democrática del Presidente Uribe sobre el tratamiento a las guerrillas colombianas en territorio venezolano.

– A su turno el gobierno venezolano debería cancelar la vía de entendimiento unilateral con la insurgencia colombiana al margen de la información a la cancillería colombiana y de la aquiescencia oficial del gobierno colombiano.

Debatir la política exterior

Para la opinión pública en Colombia el mensaje democrático no puede ser distinto del reclamo por la más amplia discusión sobre la política internacional del país.

En agosto del presente año en reportaje que daba Sergio Fajardo, precandidato presidencial, a la periodista María Isabel Rueda invocaba el principio constitucional según el cual el Presidente de la República dirige las relaciones internacionales, para criticar al ex presidente Ernesto Samper por haber ido a Caracas para sostener una entrevista con Chávez. Para el señor Fajardo es inconcebible que una persona con relevancia política piense a la luz de sus propios criterios sobre la política internacional que desarrolla el gobierno. Esto equivale a la invitación a los candidatos presidenciales para que antes de asumirse como tales hagan voto de obediencia al uribismo en los asuntos políticos relevantes. Eso tendría la misma significación que aludir a la norma constitucional de que el Presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para sustentar la idea de que cada colombiano deba relacionarse con el presidente Uribe como un soldado con su superior jerárquico y no en la llana relación de un ciudadano con el primer magistrado de la Nación. ¡No, Fajardo! Yo le seguiré llamando a Uribe Vélez, señor Presidente y ¡no mi general o mariscal!   

Notas de pie de página


[1] Ver Mariano Picón Salas, Los días de Cipriano Castro, Monteavila Editores, Caracas, 1991, pag. 180

[2] Ver El Tiempo, 12 de marzo de 1995, pág. 8 A.

[3] Teodoro Petkoff, La Venezuela de Chávez. Una segunda opinión, Caracas, Grijalbo, 2000, pág. 41.

[4] Semana, 9 a16 de noviembre de 2009, pág, 25.