22 de enero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

En medio de protestas estudiantiles, aprobado presupuesto para el 2010

21 de octubre de 2009
21 de octubre de 2009

Del monto de 148,3 billones, 136,5 billones se financian con recursos de la Nación y los otros 11,8 billones con recursos de los establecimientos públicos.

Este presupuesto presenta un crecimiento del 7 por ciento comparado con el de la actual vigencia, que asciende a 138,6 billones de pesos una vez descontados los 3 billones que el Gobierno Nacional aplazó desde el pasado mes de enero.

El Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, durante su intervención en las plenarias de la Cámara y del Senado agradeció el voto de confianza del Congreso al aprobar el proyecto de Presupuesto 2010 y agregó que este es un presupuesto que garantiza la inversión pública en medio de la crisis económica mundial y beneficia a todas las regiones del país.

Zuluaga Escobar agregó que uno de los grandes ganadores de la discusión del Presupuesto 2010 son las universidades públicas, pues dispondrán de 160 mil millones de pesos de recursos adicionales para el próximo año.

Esos recursos se distribuyen así: 50 mil millones aprobados en el primer debate por las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas; 20 mil millones del pliego de modificaciones para segundo debate que serán distribuidos por el Icetex para ampliar la cobertura, y 30 mil millones exclusivamente para investigación científica, desarrollo y ciencia y tecnología de las universidades públicas que se manejarán a través de Colciencias.

Además, se destinarán 42 mil millones de pesos por el impuesto del 2 por ciento que antes le llegaba al Icfes y ahora pasará a las universidades y 18 mil millones por el descuento que se reconoce a las universidades públicas a todo estudiante que ha votado tal y como lo establece la ley de incentivos electorales

“En conclusión, las universidades públicas en el año 2010 van a recibir 160 mil millones de nuevos recursos y no dudo en calificar que son los grandes ganadores en esta discusión del Presupuesto 2010”, dijo el Ministro de Hacienda.

Explicó que la mayor parte de los recursos para las universidades públicas se manejará a través del Icetex, siguiendo la política del Ministerio de Educación de buscar una mayor equidad regional, pues si se distribuyeran directamente, las grandes universidades se apropiarían de la mayor parte de los recursos y lo que se quiere es estimular la equidad regional y pensar en la mediana y en la pequeña universidad.

Zuluaga destacó que en la ponencia de segundo debate también se incluyeron traslados presupuestales de 50 mil millones de pesos para el Ministerio de Protección Social con el fin de reforzar el seguro obligatorio de salud; 20 mil millones para la red vial terciaria a través del Fondo de Regalías; 10 mil millones para el Ministerio de Cultura con el fin de iniciar la preparación de la celebración del Bicentenario de la Independencia y 24 mil millones para que el  Bienestar Familiar amplíe de 150 a 180 días la atención de los niños menores.

Lo que dice la prensa

Por Gerardo Ferro Rojas
El Heraldo

Con una fuerte discusión sobre las adiciones presupuestales para las universidades públicas en el país, fue aprobado ayer en las plenarias de Cámara y Senado los 148,3 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para el 2010.

Mientras los congresistas debatían el presupuesto general, más de 10 mil estudiantes de universidades públicas de todo el país, se reunieron en la Plaza de Bolívar, al pie del Capitolio Nacional, para pedir por un presupuesto más equitativo para la educación pública.

Las universidades pedían 150 mil millones de pesos adicionales a los 1,8 billones presupuestados en el proyecto original. Finalmente se aprobaron 70 mil millones adicionales inicialmente, y luego 30 mil millones más para sumar 100 mil millones que ingresarán al presupuesto final de las universidades, aunque los rectores de estas instituciones en el país sostienen que para corregir los problemas de las universidades públicas se necesitarían un promedio de 600 mil millones adicionales.

De los 100 mil millones adicionales para las universidades públicas, el congreso dispuso que el 50% fuera entregado en pares iguales entre todas las universidades del país, y el otro 50% dependiendo de indicadores como número de estudiantes, e inversión en gestión e investigación.

El presupuesto General de la Nación para el 2010 incluye 83 billones de pesos para gastos de funcionamiento, 15 billones en gastos de personal, 62 billones serán para transferencias, 24,3 billones para pensiones y 24,5 billones para seguridad democrática.

El Gobierno por su parte, anunció más adiciones presupuestales para el 2010: 50 mil millones más el seguro obligatorio de salud, 20 mil millones más para las vías terciarias a través del fondo nacional de regalías, y 10 mil millones adicionales para el Ministerio de Cultura que serán invertidos en la celebración del Bicentenario de independencia.

Todos protestan

Centro congestionado. En horas de la mañana, antes de que los 10 mil estudiantes del país se tomaran la Plaza de Bolívar, un grupo de ex militares llegaron a ese mismo lugar para pedir por la liberación del ex coronel Alfonso Plazas Vega. Los seguidores eran activistas de la fundación Colombia Herida. Otra jornada de protesta se realizó, como es ya costumbre, en las escalinatas de la Catedral Primada para pedir por la liberación de los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran en poder de las Farc. La jornada la promueve la Asociación de Familiares por la Paz (Asfamipaz), que preside Marlene Orjuela.

La versión de "El Nuevo Siglo"

HOY DEBATEN LEY ESTATUTARIA QUE LA REGLAMENTA
Dudan que reforma política dé garantías electorales

“El Gobierno ha puesto una serie de requisitos inmensamente elevados para la reposición”: Rafael Pardo

Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO

DUDAS SOBRE las garantías que ofrezca la reglamentación de la reforma política serán las que se expresen hoy cuando la comisiones primeras de Senado y Cámara se reúnan para continuar debatiendo la iniciativa.

Tal como lo ha venido contando EL NUEVO SIGLO, desde diversos sectores políticos, incluso desde el propio uribismo, se han señalado notables deficiencias en el articulado mayoritario que se tramita en el Congreso.

Ayer, luego de una reunión con la bancada del Partido Liberal, el candidato presidencial de esa colectividad Rafael Pardo puso el tema sobre la mesa: “Pues hay temas centrales en este asunto. El Gobierno ha puesto una serie de requisitos inmensamente elevados para la reposición. Está buscando el Gobierno meter micos en este tema de la reforma. Ha eludido el tema fundamental que el Partido Liberal ha defendido de la cuota de mujeres en las listas”.

Sobre ese particular, se pronunciaron otros aspirantes. Por ejemplo, el candidato presidencial independiente Jaime Araujo señaló que “no puede haber garantías”, cuando Álvaro Uribe “tiene el presupuesto oficial, cuando tiene la televisión oficial, cuando tiene las notarías oficiales y cuando tiene todo el poder del Estado frente a los demás candidatos”.

Por su parte, la precandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez consideró que en lugar de tantas críticas “hay que ser proposititos, y que el doctor pardo y todos los demás candidatos hagamos propuestas al Gobierno sobre como hacer realmente para que tengamos las mejores garantías en esa contienda electoral”.

“Yo creo que acá lo importante son las propuestas. Yo no se exactamente cuáles serán las observaciones que ellos tienen sobre el proyecto de reforma política; nosotros vamos a mirar, con los demás precandidatos conservadores, qué propuesta debe hacer el Partido Conservador”, sentenció.

Reposición

Las disposiciones contempladas en la ponencia unificada del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la reforma política, acerca de la votación requerida para que los aspirantes a cargos unipersonales accedan a reposición de votos, ya había generado una primera controversia (Ver recuadro).

Esta norma ya estaba contenida en el proyecto de ley estatutaria presentado por el ministro del Interior, Fabio Valencia, pero no en el elaborado por los representantes Roy Barreras, Guillermo Rivera y David Luna.

Para el candidato presidencial Germán Vargas, de Cambio Radical, con “todo esto lo que el doctor Valencia quiere es limitar la presencia de los candidatos en la contienda. Si una norma así se aprobara, tan solo se le reconocería gastos a uno solo de los candidatos. Parece eso absurdo, limitante, antidemocrático; mucho más cuando esta vigente una ley de garantías en donde tampoco es posible acudir al recaudo privado en más de un 20 por ciento del costo total de las campañas”.

Este Diario conversó sobre el tema con el representante Luna: “Lo importante del tema es aclarar la preocupación del doctor Vargas. Yo creo que está bien como preocupación, pero no es pertinente porque este tema solo es para alcaldes y gobernadores”, precisó; “el tema presidencial se regula por ley de garantías”.

Mafias

Una alerta sobre la posibilidad de que el proyecto de ley permita la financiación de las campañas y los partidos con dineros ilícitos, que es lo que precisamente debería evitar, fue expuesta por el representante Barreras. El legislador del Partido Social de Unidad Nacional (La U) explicó que la ponencia mayoritaria “deja abiertos unos boquetes inmensos para que penetre la mafia. Yo estoy denunciando que este proyecto, que está a punto de ser aprobado, permitirá, por ejemplo, que personas que tienen sus bienes en proceso de extinción de dominio por narcotráfico financien campañas, permitiría que quienes tienen procesos abiertos inclusive por narcotráfico y que aun no han sido condenados también financiaran campañas, permite además que el cartel de los contratistas financie las campañas”.

Barreras precisó que esos puntos estaban claros en el proyecto que él redactó, en compañía de los representantes Rivera (Partido Liberal) y Luna (Por el país que soñamos), pero que al unificarse esa iniciativa con la del Gobierno, en la ponencia mayoritaria, fueron eliminadas.

“Es decir”, comentó, la ponencia unificada “no evita que los dineros ilegales entren en la política”.