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De Manta a las bases en Colombia: Tres liebres en vez de un gato

25 de julio de 2009
25 de julio de 2009

manta

Lo que se supo

Esta semana se conocieron los términos del nuevo acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que se habían venido cocinando desde hace cuatro meses. En esencia:

  • No habrá bases militares de EEUU en territorio colombiano.
  • Operadores y aviones de EEUU podrán usar las instalaciones de las bases aéreas de Palanquero (Puerto Salgar) Malambo (Atlántico) y Apiay (Meta) además de las bases navales ARC Bahía de Málaga en el Pacífico y ARC Bolívar en el Atlántico.
  • Estas operaciones se harán contra “el narcotráfico y el terrorismo“.
  • Se mantendrá el tope actual de 800 militares y 600 contratistas de EEUU en Colombia.

Se sabe que el acuerdo es consecuencia del cierre de la base aérea de Manta, que EEUU tenía en Ecuador desde 1999. También se sabe que en el presupuesto que el Presidente Obama presentó al Congreso hay una partida de 46 millones de dólares para mejorar la base de Palanquero.

La versión oficial

Según han dicho el Presidente Uribe, el Canciller y el Ministro de Defensa, el acuerdo no tiene sino ventajas para nosotros:

– Manta ha sido un punto básico de apoyo para el Plan Colombia, y por eso es apenas natural que al salir de Ecuador los aviones norteamericanos pasen a operar desde nuestro territorio.

– De hecho este traslado refuerza el Plan Colombia y aviva el compromiso de EEUU con la política de seguridad democrática.

– Queda protegida la soberanía de Colombia porque: (a) Las bases no pasan a manos extranjeras; (b) No aumenta la presencia de militares extranjeros, y (c) Se está renegociando la “inmunidad especial” de aquellos extranjeros por los delitos que cometan en nuestro territorio.

– En el plano militar hay tres ganancias: (a) Colombia tendrá acceso “en tiempo real” a la información de inteligencia que recauden los aviones de EEUU (en especial sobre campamentos y movimientos de las FARC); (b) Miembros de nuestras Fuerzas Armadas serán “parte de la tripulación” de los vuelos, y (c) Al concluir los acuerdos las inversiones o mejoras que realicen los EEUU serán propiedad de Colombia.

– Los países vecinos no tienen que temer porque, en palabras del Ministro de Defensa, “El acuerdo no permite la proyección de fuerza militar para agredir a ninguna nación. Sólo se harán operaciones sobre territorio colombiano” (subrayados míos)[1].

Los hechos que no encajan

La explicación oficial sería inobjetable si no fuera por cuatro cosas evidentes:

– Primera, que el “traslado” no se produce por escogencia voluntaria del Pentágono sino porque Ecuador decidió no renovar el acuerdo que había suscrito en el 99.

– Segunda, que en EEUU hay una recesión y que la idea es más bien recortar las ayudas militares “no esenciales”.

– Tercera, que el Presidente Obama y el Congreso de mayoría demócrata tienen menos entusiasmo con la Seguridad Democrática del que tenían Bush y los republicanos.

– Y cuarta, que de todas maneras el Plan Colombia por una parte está en proceso de finalización y por la otra tiene un componente militar que desde el año pasado se está marchitando. Estas son las cifras:

Desembolsos de Estados Unidos con destino al Plan Colombia

(En millones de dólares corrientes)

Año Total Componente Militar Otros componentes
2000

1.018,9

80,2%

19,8%

2001

234,2

99.4%

0,6%

2002

521,6

75,9%

24,1%

2003

760,6

79,9%

20,1%

2004

753,2

82,0%

18,0%

2005

717,6

81,6%

18,4%

2006

728,2

80,6%

19,4%

2007

738,6

80,0%

20,0%

2008

657,2

64,4%

35,6%

            Fuente: Departamentos de Estado y de Defensa

Los cuatro hechos apuntan a una sola conclusión: que el “traslado” no se hace para ayudarle a Colombia o en interés principal de Colombia, sino que aviones y personal de Estados Unidos usarán 3 bases aéreas y 2 base navales de Colombia para defender principalmente el interés de Estados Unidos.

¿Qué gana Estados Unidos?

Los documentos oficiales del Departamento de Estado y del Pentágono dejan en claro que los propósitos de la presencia militar de Estados Unidos en Centro y Sur América son tres: (a) Interrumpir el flujo de narcóticos; (2) Controlar las migraciones ilegales, y (3) Garantizar el acceso a los “recursos estratégicos” – en especial el petróleo[2].  

A raíz de la salida de Panamá en 1999, Washington rediseñó su red de vigilancia y eventual intervención militar en un tejido que incluye las bases propias que tenía en Puerto Rico (Puerto Buchanan) en Cuba (Guantánamo) y en Honduras (Palmerola) y las tres que acabaron por llamarse “estaciones de seguridad cooperativa” en Ecuador (Manta), El Salvador (Comalapa) y Aruba/Curazao, además de 17 estaciones de radar (la mayoría en Colombia y Perú) de una base de seguimientos de misiles en la isla de Ascensión y de pequeñas instalaciones militares propias en Antigua, Bahamas y Perú. 

Al cerrarse la base de Manta había que buscarle su reemplazo en la Región Andina. Bolivia, Venezuela y Panamá no eran pensables, y el gobierno del Perú no está para coger papas calientes. Queda Guyana, donde en efecto se está negociando una pequeña base, y por supuesto Colombia, el país que más ayuda militar ha recibido de Washington.  

Pero en Colombia no funcionaría una base de uso exclusivo de Estados Unidos. No tanto por temor al debate político ni porque esta fórmula sea inconstitucional, sino por una razón de seguridad elemental: en Colombia hay guerrillas. Las FARC no podrían abstenerse de intentar atacar la base gringa instalada en cualquier rincón del territorio y por todos los medios a su alcance. La mera posibilidad de estos ataques obligaría a que Estados Unidos mantuviera una tropa numerosa de defensa o a que el Ejército de Colombia se hiciera cargo y respondiera por tamaño riesgo.

Ergo el preacuerdo.

El punto álgido

La pregunta central es si las bases podrían ser usadas para misiones fuera de Colombia y sin permiso del país afectado. El Ministro de Defensa dijo que no, pero de tal manera que si llega el caso sus palabras puedan ser leídas como un [3]. E independientemente de las declaraciones oficiales, la sana lógica nos lleva a concluir que el acuerdo no tendría más objeto que poder fisgonear a los vecinos:

1. Los aviones  de EEUU ya utilizan las bases de Tres Esquinas, Larandia y Arauca, que se sepa, y no se ve porqué ahora necesiten otro acuerdo solemne y sensitivo para operar desde Apiay, Malambo y Palanquero. A no ser por supuesto que se trate de hacer cosas distintas de las que están haciendo hasta el momento.

2. El acuerdo con Ecuador se firmó en el contexto geoestratégico del Plan Colombia y años antes del 11 de Septiembre, por lo cual no menciona el “terrorismo” y su objetivo oficial se redujo al narcotráfico. Por otro lado al adoptar el Plan Colombia el Congreso de EEUU restringió la participación de sus tropas a precisas tareas de “asesoría y apoyo“  a las fuerzas colombianas. A diferencia -crucial – de  sus dos antecesores, el preacuerdo de ahora (a) Se extiende al terrorismo y (b) Autoriza la presencia de pilotos y militares norteamericanos que no vienen de asesores sino como oficiales y soldados regulares.

3. Las bases colombianas no ofrecen menos sino más capacidad operativa de la que había en Ecuador. Palanquero es el centro principal de la FAC, alberga 60 aviones, tiene una pista de 3.500 metros  y con los 46 millones de dólares de inversión previstos se construirían tres pistas adicionales. Esto compensa con creces los 100 vuelos mensuales que se hacían desde Manta, sin añadirle las otras cuatro bases ni la ampliación del radio de cobertura que significa operar desde localidades tan dispersas.   

4. El tope de 800 militares y 600 contratistas es pura demagogia. Primero porque hoy tenemos apenas 84 militares y 243 contratistas registrados en Colombia; en Manta había un tope de 475 efectivos y en su momento de auge allí estuvieron sólo 270, de suerte que después del “traslado” habría cupo adicional para unas mil personas. Y segundo porque no fue Colombia sino el Congreso de Estados Unidos quien estableció los topes en cuestión.

¿Qué, quién o quiénes serían los enemigos?

Aunque quizás incurrí en un auto-plagio, varias veces he escrito que el mayor gol en la historia de  nuestra diplomacia consistió en aprovechar el 11 de Septiembre para convencer a Bush de que los fondos y equipos del Plan Colombia no se aplicaran solamente contra el narcotráfico sino además o ante todo contra el terrorismo.

Para el gobierno Uribe la palabra “terrorismo” es simplemente el otro nombre de las FARC. Pero por fuera de Colombia el terrorismo es una cosa muy distinta, es la expresión que en el siglo XXI se utiliza para satanizar a todos “los enemigos de la libertad” es decir a los enemigos de Estados Unidos. Así que por dárnoslas de vivos, la diplomacia norteamericana marcó el gol del contragolpe y ahora Colombia prestará sus bases para luchar contra cualquier terrorista o enemigo de Estados Unidos.

No hay razón valedera para creer que Washington haya pensado siquiera en invadir a Venezuela o a Bolivia, ni se ven circunstancias previsibles para que ordene bombardeos sobre ningún país del hemisferio. Pero las fuerzas militares existen precisamente para “las contingencias” y para que el Estado lleve a cabo todas las acciones que estime convenientes para su “seguridad”. Por amistosas que hoy sean las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, no es posible borrar la larga historia de intervenciones militares abiertas y encubiertas del Tío Sam en todos y en cada uno de los 33 países al sur del Río Grande. Esa historia está hoy viva sobre todo en la Región Andina y eso explica la reacción suspicaz de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Tampoco debe olvidarse que las bases de EEUU en años muy recientes se han usado para fines distintos de los oficiales o incluso de los fines aprobados por el Congreso norteamericano. Para no recordar Abu Grahib, en América Latina está el caso de Guantánamo convertida en prisión de inmigrantes indeseados y después en una cárcel-limbo para terroristas; el caso de Viecques en Puerto Rico, que una protesta cívica obligó a clausurar en 2003; o el caso mismo de Manta cuando sus aviones interceptaron el barco que llevaba ecuatorianos sin visa hacia Estados Unidos.

El caso más sonado se produjo el 1º de Marzo y a raíz del ataque al campamento de “Reyes” cuando, según declaración del comandante norteamericano, “un avión C130 de la Base de Manta se encontraba en el aire en el momento de la operación colombiana[4]. Desde el punto de vista ecuatoriano, esto sería al menos un indicio convincente de que Manta sirvió para una operación que abiertamente viola su soberanía. ¿No ocurrirá lo mismo o más desde una base que ni siquiera queda en territorio ecuatoriano?

Muchos, por lo demás, podemos estar en desacuerdo con la actitud de Correa frente al conflicto interno de Colombia. Pero todos coinciden en que Manta fue de gran utilidad para atacar a las FARC en suelo colombiano, y eso  es lo mismo que decir que Estados Unidos usó una base situada en el país A para intervenir en asuntos internos del país B. Q.E.D

El peor momento

El preacuerdo se divulga cuando la tensión con Ecuador está llegando al límite: dineros de las FARC para Correa, orden de captura contra el probable presidente Santos y asomo de una guerra comercial, son las noticias de los últimos días. Por eso Quito ve las bases en Colombia como un escalamiento militar, como el asomo del asomo de una guerra de verdad.

Pero esta vez la voz cantante fue de Evo, que tildó de “traidor” al Presidente de Colombia. Chávez había sacado a la DEA de Caracas, Morales sacó a los gringos de una base en Cochabamba, y Correa los sacó del Ecuador. Es más, las constituciones de los tres países prohíben expresamente las bases militares extranjeras en sus territorios. Así que a todos ellos este gesto de Uribe lo confirma como “el peón del Imperio” en América Latina.

Y es verdad que el acuerdo se suscribe en el momento de más debilidad de Uribe frente a Obama:

– Primero, por el dato “estructural” de que Colombia necesita del apoyo militar americano para acabar de acabar con las FARC.

– Segundo, porque el gobierno Uribe está “jugado” al TLC y ha demostrado estar dispuesto a humillarse para conseguir su firma.

– Tercero, porque Uribe necesita congraciarse con Obama después de su amacice con George Bush.

– Y cuarto porque la nueva reelección del Presidente, que a Obama no le gusta, se estará definiendo en el mismo momento del “traslado” de bases militares a Colombia.

Así que, para no alargar, Uribe va a decir la última palabra: “sí Señor“.

La inmunidad

Para endulzar el “sí Señor“, dice el gobierno que Colombia “exigirá” algunas cosas. La principal es restringir la “inmunidad especial” de que disfrutan los militares y contratistas norteamericanos en nuestro territorio. Y en esto no faltan los antecedentes: el caso de la menor que fue violada en Melgar, el del narcotraficante instalado en la Embajada o el de los soldados norteamericanos que vendían municiones a los paramilitares. De hecho en Ecuador se denunciaron más de 300 abusos[5], y no hace mucho Fernando Estrada comparó en Razón Pública los desvíos de los mercenarios (los “contratistas”) en Colombia y en Iraq.

Pero sucede: (a) Que Estados Unidos tiene tropas en 735 bases alrededor del mundo; (b) Que cualquier excepción se extendería a todos los países donde están esas bases; (c) Que Washington por eso no firma convenciones como las de la Corte Penal Internacional, y (d) Que por el Plan Colombia ya Colombia admitió que exista inmunidad. En tales condiciones es risible que el gobierno pretenda sacar pecho en defensa de la soberanía judicial. Así que el pecho ya está desinflado, según el Canciller, a “exigir…..que Estados Unidos nos informe periódicamente sobre el estado de los procesos” que inicien sus tribunales[6].

En cambio nos queda la esperanza de que los propios Estados Unidos acaben de sacar del limbo jurídico a sus bases militares en el extranjero, como se ha visto en el proceso de Guantánamo: habría inmunidad en Colombia pero habría castigo en EEUU.

Los otros distractores

Son cuatro. Brevemente:

1. Colombia exigirá que EEUU la indemnice por “daños y perjuicios causados en desarrollo del acuerdo“. Como no sea el daño mismo de firmar el acuerdo, esta exigencia es del todo razonable y es posible que nuestra contraparte la conceda.

2. Que en vez de renovarse automáticamente a los 10 años, el acuerdo se pueda volver a negociar. Con esto lo que logra Colombia es no adquirir compromisos eternos en el momento de más debilidad. Pero la discusión es bizantina, porque un contrato se acaba cuando su plazo se acaba.

3. Que obtendremos información de inteligencia “en tiempo real”. Es un insumo vital para la guerra, pero ya lo tenemos en cuanto atañe a movimientos de las FARC y sembrados de coca dentro del territorio. ¿Qué harían las Fuerzas Armadas de Colombia con las fotos del resto de América Latina?

4. Que colombianos serán parte de la tripulación. Pero actuarán bajo el mando de un comandante norteamericano y estarán sujetos a la disciplina propia de los operativos militares, donde no hay un lugar para los “informantes”.

La cuestión del permiso

La oposición en Colombia no ha ido más allá de exigir que se respete la Constitución y que el gobierno someta el preacuerdo al Congreso (artículo 173) o en receso de éste a la consulta del Consejo de Estado (artículo 237). Este reclamo tendría más solidez si el ex presidente Gaviria lo hubiera hecho así en el caso de Juanchaco y el ex presidente Pastrana lo hubiera hecho respecto del Plan Colombia.

Carlos Gaviria por su parte ha dicho que “el acuerdo no es corolario de un tratado marco” y por tanto está sujeto a control del Congreso. Y esta opinión del profesor Gaviria a mi modo de ver va al fondo del asunto: el acuerdo no es parte del programa de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia sino el comienzo de la ayuda militar de Colombia a Estados Unidos.

Es un tratado que cambia la posición bicentenaria de Colombia en el concierto de América Latina, un pacto militar de largo alcance e implicaciones bastante delicadas. Lo menos que podemos pedirle al gobierno es que deje que fluya la opinión, que consulte al Congreso y que no imponga disciplina de partidos en un asunto que desborda a los partidos.

El Congreso – y la Corte, en su momento – decidirán si el tratado se ajusta o no al artículo 9º de la Carta, que somete las relaciones exteriores de Colombia a los criterios de “la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional“.

En este empeño también el presidente Obama podría apartarse de las prácticas de Bush quien, en lugar de tratados sobre bases militares negociaba “Puntos de Operaciones de Avanzada” (Forward Operating Locations) para evadir el control de los congresos. Hablo de Obama el constitucionalista que a Uribe le explicó cómo funciona un Estado de Derecho.

* La imagen del artículo fue tomada de la página www.guerraeterna.com

Notas de pie de página


[1] El Tiempo, 17 de julio de 2009

[2] Para una revisión de estos documentos, ver John Lindsay-Poland: “U.S. Military Bases  in Latin America and the Caribbean”, Foreign Policy In Focus, Volumen  9, Número ,3 Agosto de 2004.  

[3] Me refiero a las tres expresiones subrayadas en la respuesta que transcribí arriba: (1)  la “fuerza militar” puede partir desde cualquier sitio pero por información procedente de Colombia; (2) Ningún Estado dirá jamás que “agredió” a otro, y (3) Como está construida la respuesta, puede ser que las “operaciones” reducidas al territorio colombiano se refieran al embarque de “fuerza militar” y no al espionaje o a otros propósitos hostiles.   

[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66347

[5] “Los enviados del Pentágono”, Cambio, Julio 6 de 2009.

[6]  Ibíd.