22 de mayo de 2019
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Notarías, el nuevo filón de la yidispilìtica

5 de junio de 2009
5 de junio de 2009

CON LA sentencia contra el ex representante Iván Díaz Mateus quedó al descubierto que varios congresistas y ex congresistas habrían recibido notarías ofrecidas por el Gobierno, a cambio de votar favorablemente en el 2004 el acto legislativo que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe en el 2006.

Así lo consideró la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por denuncia hecha por la ex congresista Yidis Medina, en el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo, en el que condenó a seis años de cárcel y multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al ex congresista santandereano Díaz Mateus por el delito de concusión.

“Por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún Congresista o Congresistas”, dice la sentencia de la Corte.

Y en otro aparte, dice el fallo: “Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a ‘Congresistas’ cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor.

La Sala Penal recogió una declaración que la ex congresista dio en el proceso que se le adelantaba a los ex parlamentarios Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, donde puso de manifiesto que varios votos de algunos congresistas, necesarios para que el acto legislativo reeleccionista pasara en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fueron comprados por medio de un decreto del Gobierno que les nombraba notarías.

“Señores Magistrados, si ustedes desean yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías”, le dijo Yidis Medina a la Corte Suprema.

Aunque Medina Padilla no reveló nombres, el ex representante Teodolindo Avendaño, quien fue condenado a ocho años por el delito de cohecho y enriquecimiento ilícito, no sería el único congresista en haber recibido una notaría, o su equivalente en dinero, y otros “favores” por parte de funcionarios del Gobierno, a cambio de haber favorecido la votación del proyecto de ley que permitió la primera reelección de Uribe.

Según la ex parlamentaria santandereana, funcionarios de la Casa de Nariño tenían un computador con un listado de las notarías y congresistas “comprados”, y del cual el presidente Uribe tenía conocimiento.

“…pero todo llevaba un hilo conductor, desde la cabeza principal que era el Señor Presidente de la República y sus Ministros y su secretario general de turno, y su secretario general Bernardo Moreno, quién le entregó a Alberto Velásquez, y llevan un computador en donde había un listado y había unos listados también de las notarías y todo eso. Eso lo hizo realmente el Gobierno Nacional”, le dijo Yidis Medina a la Sala
Penal de la alta Corte.

A la pregunta de la Sala de quien manejaba ese computador, la declarante afirmó que era Juan David Ortega, quien se desempeñaba como secretario general del Ministerio de Agricultura. A éste último, la Corte, en el fallo contra Teodolindo Avendaño, ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que lo investigue por el presunto delito de falso testimonio por callar totalmente la verdad al no responder los formularios sugeridos por la Corte.

De igual manera, la Corte Suprema ordenó compulsar copias al ente investigador para que establezca si María Claudia Salgado Rodríguez, ex asesora presidencial también participó en el ofrecimiento de prebendas a congresistas en el 2004.

De comprobarse que algún otro congresista o ex parlamentario haya recibido prebendas, sería investigado por el delito de cohecho propio por la Corte Suprema de Justicia, como el caso de los ex representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Según la investigación, Avendaño se negó recibir la notaría 67 ofrecida por funcionarios del Gobierno, por lo que negociaron su equivalente en dinero en efectivo.

Según la versión de Medina, el condenado pedía 600 millones de pesos por la Notaría, pero finalmente se la entregaron en 450 millones.

La ex congresista también aseguró que los encargados de hacer las negociaciones con varios parlamentarios fueron el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt y el ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega.

Sabas y Palacio ahora en el ojo del huracán

Con la condena de los ex congresistas Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, la Corte Suprema de Justicia ratificó que sí hubo ofrecimientos de dádivas por parte de funcionarios del Gobierno a congresistas para que votaran positivamente el acto legislativo que permitió la reelección presidencial.

Primero, con la condena de la ex representante Yidis Medina, quien se acogió a sentencia anticipada y confesó que sí recibió prebendas, se evidenció que hubo un plan de negociación para que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votara a como diera lugar el acto legislativo.

El miércoles pasado con las otras dos condenas se confirmó de manera contundente que sí existió dicho plan, pues la Sala de Casación Penal derrotó en el juicio las defensas de los ex representantes Díaz Mateus y Avendaño, que habían sostenido que nunca presionaron ni recibieron dádivas a cambio de votar el acto legislativo.

Ahora, se espera que con esta jurisprudencia, la Fiscalía asuma con más ahínco y premura las investigaciones contra Diego Palacio y Pretelt de la Vega.

Los dos ya rindieron indagatoria ante el vicefiscal Guillermo Mendoza, pues el fiscal Iguarán se había declarado impedido porque fue subalterno de Pretelt cuando fungió como ministro del Interior. Sin embargo, han transcurrido varios meses sin que se haya tomado alguna decisión de fondo.

Pretelt es investigado por la asignación de una notaría a Teodolindo Avendaño, mientras que el ministro Palacio por presuntos contratos a familiares y amigos de Yidis Medina.